Fórmulas organizativas: la regulación del deporte

Las fórmulas organizativas para el desarrollo de una actividad deportiva están condicionadas, naturalmente, por el carácter individual o de equipo del deporte en cuestión. En deportes individuales el ejercicio de la actividad puede llevarse a cabo individualmente por el propio deportista profesional o, alternativamente, a través de su participación en una empresa. En deportes colectivos, por el contrario, es imprescindible contar con una entidad que asuma la gestión de la actividad. La existencia de vínculos contractuales continuados lleva a que los deportistas profesionales se conviertan en trabajadores por cuenta ajena, al no darse el requisito de ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de los recursos humanos. 

La Ley 10/1990, del Deporte, introdujo la figura de las sociedades anónimas deportivas (SAD) (recuadro 1), en buena medida para impedir episodios de riesgo moral (realización de una gestión irresponsable sabiendo que no se van a soportar los costes derivados de la misma, ya que alguien acabará haciéndose cargo de la situación). Del proceso de conversión a SAD se exoneró a una serie de clubes deportivos que tenían equilibrio patrimonial. Una vez transcurrido un largo período de tiempo desde la implantación del nuevo modelo, cabría reflexionar acerca de si hoy tiene sentido que no se haya generalizado la referida fórmula societaria, que asegura que quienes toman las decisiones son los propietarios que arriesgan su capital. Como ya señaló en su día Cazorla Prieto (1990), “una fórmula asociativa unitaria no puede servir para dar ordenación y respuesta a realidades tan distintas como las que se cobijan bajo el deporte profesional y el aficionado”. En España, algo menos de uno de cada cinco deportistas está integrado en un club (recuadros 2 y 3).

Al margen de la regulación pública (recuadro 4), absolutamente necesaria en una actividad con tantas implicaciones económicas y sociales, existen múltiples regulaciones establecidas por los propios clubes y las asociaciones en las que se integran, que, en ocasiones, originan perjuicios económicos y profesionales a jugadores y clubes¹. Algunas de las disposiciones pueden ir encaminadas a promover la existencia de un determinado grado de incertidumbre que garantice el atractivo de la competición (recuadro 5).

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¹ Vid., por ejemplo, Hervás (2005).